El proyecto de Ley Hojarasca, enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei, busca eliminar 70 leyes que, según el Ejecutivo, son obsoletas y ya no tienen sentido en el contexto actual. Estas normativas fueron sancionadas durante 16 gestiones presidenciales diferentes, tanto democráticas como de facto, y muchas de ellas, según el gobierno, representan una carga innecesaria para los contribuyentes y el desarrollo económico.
La iniciativa tiene como principal objetivo simplificar el entramado legislativo argentino. Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, se señaló que varias de las leyes que el proyecto propone derogar fueron superadas por otras más modernas. Además, muchas de estas normativas ya no son aplicables debido a los avances tecnológicos o a cambios en la estructura social y económica del país.
Entre las leyes a eliminar, se encuentran algunas que limitan la libertad individual. Un ejemplo es la ley que permite al Estado supervisar y prohibir reuniones en lugares privados, una norma que sigue vigente desde 1951. Según el Ejecutivo, esta legislación es contraria a la Constitución Nacional y resulta obsoleta en el contexto actual.
Otro de los objetivos del proyecto es eliminar trámites burocráticos que generan costos innecesarios para el Estado y los ciudadanos. Algunas de las leyes que se busca derogar son aquellas que crearon organismos públicos o impusieron regulaciones que ya no son necesarias, como el requisito de que los mapas en etiquetas de productos deban ser aprobados por el Instituto de Cartografía Oficial.
Asimismo, el proyecto apunta a reducir el financiamiento estatal a ciertos organismos públicos. Según el análisis del Ejecutivo, algunas entidades deberían ser autosustentables, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que hoy dependen del presupuesto nacional.
El análisis realizado por el gobierno también identificó normativas que fueron sancionadas durante gobiernos militares, como los de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, así como durante gestiones democráticas como las de Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín. Estas leyes, en muchos casos, quedaron sin efecto práctico debido a la evolución del país y a la sanción de leyes más actualizadas.
El debate sobre el proyecto de Ley Hojarasca comenzará en el Congreso en los próximos días. Desde el gobierno, se defiende la necesidad de avanzar con esta iniciativa para reducir la burocracia y garantizar un marco normativo más moderno y eficiente.
