El Gobierno nacional, a través de la resolución 3/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, lanzó una nueva normativa que obliga a 10.000 empleados públicos a iniciar sus trámites jubilatorios. Esta medida, parte de un plan de reestructuración del Estado, apunta a reducir el sobredimensionamiento de la administración pública.
La resolución, firmada por Federico Sturzenegger, establece que los titulares de las distintas áreas tienen 30 días hábiles para intimar a los empleados que cumplan con los requisitos para jubilarse. De los 10.000 trabajadores afectados, más de 6.800 pertenecen a la planta permanente.
El objetivo del Gobierno es optimizar el funcionamiento del Estado y reducir el déficit fiscal. En este sentido, la reorganización busca equilibrar las cuentas públicas y transparentar el gasto, conforme a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Además de intimar a los empleados, la normativa permite solicitar prórrogas de hasta seis meses en casos excepcionales. Estas excepciones se aplicarán solo cuando la continuidad del empleado sea indispensable para el funcionamiento de la entidad en cuestión.
El proceso de reestructuración también incluye la implementación de un examen de idoneidad para los empleados públicos, que deberá ser aprobado para renovar sus contratos o acceder a promociones. Este examen será rendido en diciembre, coincidiendo con el vencimiento de los contratos. Según Sturzenegger, el examen estará automatizado y determinará la continuidad de los trabajadores en función de su desempeño.
Este examen será obligatorio para unos 40.000 empleados, tanto de planta transitoria como permanente. Aquellos que no lo aprueben no podrán renovar sus contratos. El Ejecutivo remarcó que el propósito de esta medida es garantizar que los empleados mantengan un alto nivel de competencia en sus funciones.
Con esta reestructuración, el Gobierno también busca reorganizar las áreas con exceso de personal. La creación de un registro de empleados en disponibilidad permitirá un seguimiento y posible reubicación de aquellos que sean desplazados por la reforma. Durante el periodo de disponibilidad, los empleados afectados seguirán cobrando su sueldo hasta ser reubicados o, en su defecto, desvinculados.
Por último, la normativa introduce cambios en el régimen disciplinario, endureciendo las sanciones por incumplimientos. Esto incluye descuentos por inasistencias injustificadas y sanciones más severas para aquellos que no cumplan con su horario laboral.
