El Gobierno solicitó a la Justicia el desalojo del segundo y tercer piso del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89, en la Ciudad de Buenos Aires, que había sido cedido en 2018 al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”.
Según la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, las instalaciones se utilizaron para actividades no autorizadas, incluyendo un boliche clandestino y locales partidarios vinculados al kirchnerismo, como el búnker de la organización MILES, liderada por Luis D’Elía.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) había asignado el inmueble para fines educativos, pero nunca se utilizó con esos propósitos.
En cambio, el espacio también albergó una emisora de radio y un centro de atención para migrantes, lo que generó críticas desde el oficialismo, que calificó estos usos como una desviación que “afecta la moralidad pública y los intereses de los ciudadanos”.
La denuncia surge en medio de tensiones entre la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y el gobierno de Javier Milei, que en julio de este año intervino la institución.
La intervención incluyó el nombramiento de un rector organizador, Eduardo Luis Maurizzio, decisión que la organización Madres de Plaza de Mayo calificó como una acción “fraudulenta e ilegítima” y un ataque a la autonomía universitaria y los derechos humanos.
La universidad enfrenta además problemas financieros graves: desde diciembre de 2023, el gobierno suspendió el financiamiento asignado en el presupuesto nacional.
La medida de desalojo avivó la controversia. Por un lado, el gobierno busca recuperar el control del edificio argumentando un uso indebido del patrimonio público. Por otro, la comunidad universitaria y los sectores vinculados a los derechos humanos denuncian un intento de deslegitimar una institución creada para honrar la memoria de los desaparecidos durante la dictadura militar y fomentar la educación en derechos humanos.
