El Senado volverá a sesionar este jueves desde las 14 para intentar avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, después del cuarto intermedio aprobado durante el debate realizado el mes pasado.
La iniciativa llegará al recinto sin el capítulo que modificaba la regulación sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El oficialismo decidió retirar ese apartado al comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo y concentrará la discusión en los puntos que todavía permanecen en pie.
Las reformas sobre el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego y los registros inmobiliarios serán los principales ejes de una sesión que se anticipa ajustada.
El oficialismo retiró el capítulo sobre tierras rurales
La eliminación del título relacionado con las tierras rurales representa una importante concesión del Gobierno frente a los bloques dialoguistas y a varios gobernadores provinciales que habían manifestado su rechazo.
El proyecto atravesó numerosos cambios desde que comenzó su tratamiento. Una de las últimas versiones proponía elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras y modificar las restricciones vigentes en zonas fronterizas y áreas consideradas estratégicas.
Versiones anteriores incluso delegaban en cada provincia la posibilidad de establecer sus propios límites. Esa alternativa generó cuestionamientos vinculados con la soberanía, el acceso a los recursos naturales y la posibilidad de aumentar la concentración territorial.
La falta de consenso obligó a la conducción oficialista del Senado, encabezada por Patricia Bullrich, a retirar todo el capítulo. De esta manera, la actual Ley de Tierras Rurales continuará vigente sin modificaciones y conservará, por ahora, sus restricciones.
La decisión busca evitar una derrota general del proyecto y facilitar la aprobación del resto del articulado impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger.
Qué cambia en el régimen de expropiaciones
Uno de los capítulos centrales modifica la Ley 21.499 de Expropiaciones y establece nuevos requisitos para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública.
El texto señala que la utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva. También busca limitar la discrecionalidad estatal y fijar criterios más precisos para determinar las indemnizaciones destinadas a los propietarios afectados.
La propuesta permite incorporar el lucro cesante cuando sea una consecuencia “directa e inmediata” de la expropiación. Esto significa que, además del valor del bien, el propietario podría reclamar una compensación por las ganancias que demuestre haber dejado de percibir como resultado de la medida.
El oficialismo sostiene que la modificación brindará mayor seguridad jurídica y evitará que el Estado perjudique económicamente a los propietarios mediante procesos extensos o valuaciones insuficientes.
Los bloques opositores advierten, en cambio, que el reconocimiento del lucro cesante podría elevar considerablemente el costo de las expropiaciones y dificultar la realización de obras de infraestructura, viviendas, rutas o proyectos de interés público.
La iniciativa también limita a un máximo de 90 días la denominada “ocupación temporánea anormal”, una herramienta que permite al Estado utilizar transitoriamente un inmueble ante determinadas necesidades.
Desalojos más rápidos y nuevas facultades judiciales
El proyecto introduce modificaciones en el Código Civil y Comercial para acelerar la restitución de propiedades ocupadas.
La nueva redacción amplía la posibilidad de solicitar un desalojo a cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo afectado. Además, permite que el juez ordene la entrega inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho presentado.
El procedimiento busca reducir los tiempos judiciales y facilitar que propietarios o titulares legítimos recuperen rápidamente sus bienes. Para el Gobierno, las demoras actuales desalientan la oferta de viviendas en alquiler y vulneran el derecho de propiedad.
La oposición y distintas organizaciones sociales cuestionan que el mecanismo podría producir desalojos antes de que se analice completamente la situación de las personas ocupantes.
El texto contempla una protección especial cuando dentro del inmueble haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, se otorgaría un plazo de hasta diez días para encontrar una solución habitacional.
Durante el debate en comisiones también se incorporaron cambios para diferenciar las usurpaciones de las ocupaciones legítimas o prolongadas. El capítulo relacionado con los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares fue retirado anteriormente y será discutido mediante una iniciativa específica.
Los cambios en la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los puntos más controvertidos modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y elimina parte de las restricciones incorporadas en 2020 a partir de un proyecto presentado por Máximo Kirchner.
La legislación actual prohíbe modificar el uso de las superficies incendiadas durante un plazo de 60 años cuando se trata de bosques nativos, bosques implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Para las zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, la prohibición se extiende durante 30 años. En ese período no se pueden realizar desarrollos inmobiliarios, emprendimientos agropecuarios distintos de los existentes ni modificaciones en el uso de la tierra.
El proyecto que analizará el Senado propone eliminar esos plazos, aunque mantiene la obligación de realizar tareas destinadas a restaurar los ambientes afectados.
El Gobierno argumenta que las restricciones actuales son excesivas, afectan la actividad productiva y pueden impedir durante décadas la recuperación económica de los terrenos.
Los sectores ambientalistas sostienen que las prohibiciones fueron creadas para evitar incendios intencionales destinados a cambiar el uso del suelo. Advierten que reducirlas podría generar incentivos para quemar superficies y posteriormente desarrollar negocios inmobiliarios, agrícolas o extractivos.
Una ventanilla inmobiliaria federal
La iniciativa también crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que tendrá a su cargo la administración de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.
El sistema permitirá solicitar y recibir certificados, informes y copias emitidas por los registros inmobiliarios de cualquier jurisdicción. Además, habilitará el pago remoto de tasas y avanzará en la digitalización de trámites.
El objetivo es reducir los tiempos y costos de las operaciones, aunque su implementación dependerá de la coordinación entre el Estado nacional y las provincias.
Una sesión atravesada por la disputa política
La Cámara alta deberá retomar el debate suspendido en julio, cuando Bullrich solicitó pasar a un cuarto intermedio ante la imposibilidad de asegurar los votos. La moción fue aprobada por 65 senadores y la discusión quedó programada para este jueves.
Antes de ingresar al tratamiento del proyecto, el Senado deberá resolver si autoriza la participación virtual de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, quienes solicitaron conectarse a distancia por razones médicas.
Victoria Villarruel no presidirá la sesión porque quedará transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo durante un viaje de Javier Milei. El oficialismo deberá reunir el quorum y sostener los acuerdos alcanzados con sus aliados para conseguir la media sanción.
La retirada del capítulo sobre tierras extranjeras permitió descomprimir parcialmente el escenario, pero no eliminó las diferencias alrededor del proyecto. Expropiaciones, desalojos y manejo del fuego mantienen divididos a los bloques.
Si el Senado aprueba la iniciativa, deberá ser enviada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. El proyecto ya no modificará la venta de tierras rurales a extranjeros, pero todavía propone una amplia reforma sobre el derecho de propiedad y la intervención del Estado.
