Una funcionaria judicial bonaerense fue detenida acusada de aprovechar su trabajo vinculado con el Patronato de Liberados para captar personas en situación de vulnerabilidad, obtener sus datos personales y abrir cuentas digitales que luego eran utilizadas para mover dinero de origen presuntamente ilícito.
La mujer fue identificada como Albertina Mangini. Según la hipótesis fiscal, integraba una organización dedicada a recaudar, dispersar y ocultar fondos procedentes de casinos online clandestinos, defraudaciones y otras actividades investigadas.
Junto con Mangini fueron arrestados Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni. La causa busca reconstruir una operatoria financiera que habría alcanzado un flujo bruto superior a los $27.000 millones mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales, terminales de pago y criptoactivos.
Cómo captaban a las personas vulnerables
Mangini se desempeñaba como secretaria de la Fiscalía de Cámaras y cumplía funciones en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados. Para los investigadores, esa posición le permitía acercarse a personas con dificultades económicas o bajo algún tipo de supervisión judicial.
La funcionaria habría ofrecido aproximadamente $80.000 a cambio de permitir un “escaneo del ojo”, entregar el DNI y tomarse fotografías. Los encuentros se realizaban en un bar de la zona de 7 y 56, cerca de los tribunales de La Plata.
Según el requerimiento fiscal citado por Noticias y Protagonistas, las personas recibían explicaciones que presentaban el procedimiento como un trámite inocuo relacionado con su situación ante la entonces AFIP.
El escaneo permitía obtener información biométrica, mientras que las imágenes del rostro y del documento eran utilizadas para superar los procesos de validación de identidad exigidos por bancos y plataformas financieras.
Las personas seleccionadas aceptaban el pago sin conocer el verdadero alcance que tendría la entrega de sus datos. Una vez terminado el encuentro, sus identidades comenzaban a ser utilizadas dentro del circuito financiero investigado.
Las cuentas quedaban bajo el control de la organización
Con la documentación y los registros biométricos se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las personas captadas. Sin embargo, los correos electrónicos, números telefónicos, contraseñas y dispositivos asociados quedaban en poder de la presunta organización.
De esta manera, los titulares formales aparecían como responsables de las operaciones, aunque no administraban las cuentas ni tenían conocimiento sobre el volumen de dinero que circulaba por ellas.
Estas cuentas funcionaban como “mulas financieras”: recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente para evitar que los fondos permanecieran demasiado tiempo en un mismo lugar.
La investigación atribuye a Mauro Perrotta la administración tecnológica y operativa de ese sistema. El acusado habría vinculado las cuentas a correos y líneas telefónicas controlados por la organización, lo que le permitía manejar las denominadas cajas recaudadoras.
Solo por dos cuentas abiertas a nombre de una mujer que trabajaba como empleada de limpieza habrían circulado más de $172 millones durante aproximadamente un año. La damnificada tenía dos hijos con discapacidad y había sido seleccionada por su situación de vulnerabilidad económica.
El “pitufeo” y el casino online clandestino
La maniobra utilizaba una modalidad conocida como smurfing o “pitufeo”, que consiste en dividir una suma elevada en una gran cantidad de operaciones más pequeñas para dificultar su detección.
El fraccionamiento permite que el dinero pase por numerosas cuentas y plataformas antes de llegar a su destino final. Cada nuevo movimiento aumenta la distancia entre los fondos y la actividad ilegal que presuntamente los generó.
Los investigadores también detectaron que varias transferencias finalizaban con los mismos centavos. La terminación “.12” habría sido utilizada como una marca interna para identificar operaciones pertenecientes al circuito.
Además, las cuentas no quedaban completamente vacías: en algunos casos se conservaba un saldo cercano a los $1.000 para evitar que el movimiento pareciera un vaciamiento automático.
Una parte del dinero era canalizada hacia un casino online clandestino. Allí ingresaba mediante múltiples transferencias individuales y posteriormente reaparecía como supuestas ganancias obtenidas a través del juego.
La hipótesis es que el casino funcionaba como una “licuadora” financiera: recibía dinero procedente de cuentas de terceros y lo devolvía con una apariencia diferente, lo que dificultaba establecer su verdadero origen.
Los fondos también habrían circulado mediante terminales de pago, operaciones presentadas como arbitrajes financieros y compraventa de criptoactivos, según informaron fuentes de la investigación citadas por Infobae.
Cómo aparecen los $27.000 millones
Ignacio Leonel Marchioni aparece señalado como uno de los presuntos integrantes del nivel financiero de la estructura. Los investigadores sostienen que recibía fondos procedentes de las cuentas utilizadas para la recaudación y participaba en su posterior dispersión.
El informe elaborado por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal registró en sus cuentas 118 créditos por aproximadamente $13.574 millones y 49 débitos por una cifra prácticamente idéntica.
Al sumar los ingresos y egresos, el flujo bruto alcanzó los $27.149 millones en apenas un mes y medio. La diferencia final entre ambas columnas habría sido de solamente tres pesos.
La cifra no representa necesariamente una ganancia de $27.000 millones ni significa que todo ese dinero ya haya sido declarado judicialmente como lavado. Se trata del volumen total de fondos que habría ingresado y salido durante el período analizado.
Marchioni también aparece vinculado en los reportes financieros con elementos investigados dentro de la causa Sur Finanzas. Para la fiscalía, esa conexión constituye una línea que deberá profundizarse para establecer si existieron relaciones entre ambas operatorias.
Tres detenidos y otros sospechosos bajo investigación
La causa está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo.
El requerimiento fiscal incluyó a Mangini, Perrotta, Marchioni, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. Por el momento, los tres primeros quedaron detenidos.
Mangini y Perrotta se negaron a declarar, mientras que la defensa de Marchioni presentó un escrito para desligarlo de la organización. Los investigadores todavía intentan determinar quiénes ocupaban los niveles superiores y quiénes fueron los beneficiarios finales del dinero.
Los delitos analizados incluyen asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. También se investiga la explotación de juego clandestino y la posible utilización de la función pública para cometer las maniobras.
Las imputaciones se encuentran en una etapa investigativa y todavía no existe una sentencia que establezca la responsabilidad penal de los acusados.
Qué encontraron durante los allanamientos
La Policía Federal realizó nueve allanamientos simultáneos en diferentes puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Durante los procedimientos se secuestraron sumas de dinero en pesos y moneda extranjera, computadoras, dispositivos de almacenamiento, teléfonos, tarjetas bancarias y terminales de cobro.
Los agentes también encontraron cuadernos con anotaciones que, según los investigadores, podrían contener parte de la contabilidad de los casinos clandestinos. Además, incautaron un BMW M240i xDrive y una pistola Glock calibre 9 milímetros.
Los equipos electrónicos serán sometidos a peritajes forenses, mientras que especialistas analizarán las cuentas, transferencias y criptoactivos para reconstruir el recorrido completo de los fondos.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos allanamientos ni detenciones. El principal objetivo será establecer el origen del dinero y determinar hasta dónde llegó una estructura que habría utilizado la necesidad económica de personas vulnerables para crear identidades financieras destinadas a ocultar operaciones multimillonarias.
