La Policía Federal Argentina detuvo a 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados de participar en las presuntas torturas y agresiones sexuales denunciadas por cuatro mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena.
La investigación está encabezada por el fiscal platense Álvaro Garganta, quien solicitó los arrestos después de reunir testimonios, informes médicos y otros elementos en un requerimiento de 146 páginas. La denuncia original había sido presentada a comienzos de junio por la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Entre las personas detenidas se encuentra Daiana Belén Balmaceda, alcaide mayor y jefa de Vigilancia y Tratamiento de la unidad. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, habría dirigido el operativo durante el cual se produjeron las agresiones investigadas.
La causa incluye imputaciones por torturas y distintas modalidades de abuso sexual agravado por la condición de funcionarios públicos de los acusados. Los hechos permanecen bajo investigación y la responsabilidad individual de cada detenido deberá ser determinada judicialmente.
El operativo de la Policía Federal
Los arrestos fueron realizados durante un procedimiento desplegado por la Policía Federal por disposición de la Justicia. Según la información actualizada este martes, el operativo terminó con los 15 sospechosos detenidos y con el allanamiento de sus viviendas.
La intervención de una fuerza federal buscó preservar la investigación y evitar que los procedimientos quedaran exclusivamente en manos del mismo organismo al que pertenecen los acusados. El Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia provincial colaboraron con las medidas solicitadas por la fiscalía.
Balmaceda aparece señalada como la principal acusada por su jerarquía y por el papel que, según las denunciantes, habría desempeñado durante la intervención. Otras siete agentes penitenciarias también fueron involucradas, entre ellas una subjefa, personal de requisa y trabajadoras del área de Sanidad.
La investigación alcanza además a penitenciarios varones que habrían participado de las agresiones con sus rostros cubiertos. La fiscalía deberá establecer qué conducta concreta se le atribuye a cada uno y si existió una coordinación entre los integrantes del operativo.
Qué denunciaron las cuatro mujeres
Los hechos investigados ocurrieron entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de junio, después de una pelea registrada dentro de una celda de la Unidad 51. Según la presentación, agentes penitenciarios ingresaron al pabellón para intervenir y utilizaron gas irritante contra varias mujeres.
Cuatro detenidas afirmaron que posteriormente fueron reducidas, arrastradas hacia otros sectores, golpeadas y sometidas a humillaciones. También denunciaron agresiones sexuales cometidas mientras se encontraban bajo el control del personal penitenciario.
Los testimonios atribuyeron a Balmaceda distintas órdenes durante el procedimiento. Una de las mujeres declaró haberla escuchado decir: “Las quiero a todas ataditas”. Otra denunció que la funcionaria le exigió reiteradamente: “Besame las botas”, mientras continuaban los golpes.
La denuncia difundida en junio describió desnudez forzada, amenazas, agresiones físicas y abusos sexuales. Los nombres de las cuatro mujeres no fueron publicados para preservar su identidad.
Dos días después de los hechos, una de las denunciantes intentó quitarse la vida. El episodio quedó incorporado al expediente como parte de las consecuencias psicológicas que habrían producido las agresiones denunciadas.
Las pruebas reunidas por la fiscalía
Los relatos de las cuatro mujeres constituyen uno de los principales elementos de la causa. Según las fuentes consultadas por el medio que reveló los arrestos, el fiscal consideró que las declaraciones eran coincidentes entre sí y presentaban un nivel de detalle que respaldaba su credibilidad inicial.
A esos testimonios se sumaron estudios realizados por la Asesoría Pericial. Los exámenes detectaron lesiones que serían compatibles con los golpes descritos por las denunciantes, aunque su valoración definitiva deberá realizarse durante el proceso judicial.
Uno de los puntos investigados es la actuación del personal sanitario. Una revisión realizada dentro del penal habría indicado inicialmente que una de las mujeres no presentaba lesiones. Sin embargo, una evaluación posterior detectó signos físicos que contradecían esa primera constancia.
Por esa razón, una enfermera quedó acusada de haber falseado un documento para ocultar las lesiones. La fiscalía deberá determinar si existió una maniobra de encubrimiento y si otras autoridades conocieron los hechos sin denunciarlos.
También se investiga el funcionamiento de las cámaras de seguridad, las comunicaciones internas y la cadena de mando dentro de la Unidad 51. Esos elementos podrían permitir reconstruir los movimientos de los acusados y determinar quién impartió las órdenes.
La reacción del Ministerio de Justicia bonaerense
Antes de que se produjeran los arrestos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires había apartado preventivamente a diez agentes penitenciarios. La medida alcanzó a autoridades de la Unidad 51 y a integrantes del grupo que habría intervenido durante el episodio.
La conducción de la cárcel también fue removida y se inició un sumario administrativo mediante el área de Asuntos Internos. La decisión buscó evitar interferencias en la investigación penal y permitir que las denunciantes declararan sin permanecer bajo la autoridad directa de las personas señaladas.
El ministro Juan Martín Mena consideró que los relatos presentaban características verosímiles y ordenó la disponibilidad preventiva del personal involucrado. La medida administrativa no representó una declaración de culpabilidad, pero separó a los agentes mientras avanzaba la causa.
La Comisión Provincial por la Memoria intervino después de recibir información sobre lo sucedido y entrevistó a las mujeres. Como organismo encargado de monitorear cárceles bonaerenses, presentó la denuncia y solicitó medidas para preservar las pruebas y proteger a las víctimas.
Los delitos investigados y los próximos pasos
La calificación impulsada por la fiscalía incluye tortura y abuso sexual agravado por haber sido presuntamente cometido por integrantes de una fuerza de seguridad. La condición de funcionarios públicos aumenta la gravedad de la acusación debido a que las víctimas se encontraban bajo custodia estatal.
Las personas detenidas deberán ser indagadas y tendrán la oportunidad de conocer formalmente los hechos atribuidos, presentar sus descargos y ofrecer pruebas. Posteriormente, la Justicia deberá resolver si dicta procesamientos, dispone otras medidas cautelares o modifica la situación de alguno de los sospechosos.
La investigación también deberá determinar si las agresiones fueron producto de decisiones individuales o si existió un mecanismo organizado dentro de la unidad. El posible encubrimiento posterior constituye otro de los ejes que analiza la fiscalía.
Los 15 penitenciarios permanecen acusados y conservan la presunción de inocencia hasta que exista una eventual sentencia firme. Al mismo tiempo, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de las denunciantes y evitar represalias dentro del sistema penitenciario.
El caso de la Unidad 51 expone la gravedad que adquieren las denuncias de violencia institucional cuando los presuntos responsables son las mismas personas encargadas de custodiar a quienes se encuentran privadas de su libertad. El avance de la causa dependerá ahora de las indagatorias, el análisis de las pericias y la reconstrucción de la cadena de responsabilidades dentro del penal.
